Pronunciamiento del director de la CARDER en el Día Mundial de la Alimentación
En Risaralda el 33% de los niños menores de 10 años tienen problemas de desnutrición global
Cerca de 930 millones de personas en el mundo sufren de hambre, de acuerdo con los informes divulgados por la FAO. Esto significa que en el último año ingresaron al club de los más pobres alrededor de 70 millones de personas adicionales. La razón de este incremento en el número de hambrientos en el planeta se debe al alza inusitada de los precios de la comida.
América Latina también hizo su aporte a esta dramática realidad, al agregarle 6 millones de personas a la lista de pobres extremos, que ahora suman 51 millones de personas, según cifras del Observatorio del Hambre de la FAO.
Ha quedado comprobado que cerca de 82 países no están en capacidad de autoabastecerse alimentariamente y dependen de las importaciones, las cuales están escaseando por dos razones esenciales: la primera, porque los países productores han restringido los negocios con el exterior para proteger la seguridad alimentaria interna y, segunda, porque los precios han subido exageradamente.
El aumento de los precios de la comida en los dos últimos años ha oscilado entre el 35% y el 70%, lo que ha conducido a que millones de personas no estén en capacidad de adquirir el mínimo básico para su nutrición, y que incluso, los programas mundiales de asistencia alimentaria de emergencia hayan tenido que recurrir a los donantes internacionales para evitar una reducción drástica en la cantidad de raciones que distribuyen diariamente alrededor del mundo.
Al celebrarse hoy el Día Mundial de la Alimentación, el director general de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, Alberto Arias Dávila, dijo que hay cinco elementos que están atentando contra la seguridad alimentaria: Los alimentos se convirtieron en commodities bastante apreciados en la especulación bursátil de futuros; hay un crecimiento de la demanda por parte de 650 millones de chinos, hindúes, mexicanos y brasileños que han visto multiplicar sus ingresos; el cambio climático ha afectado las cosechas de cereales, leguminosas y granos; subieron los costos de los fertilizantes; y muchas biomasas básicas en la alimentación humana se destinan para la producción de etanol.
Estas cinco variables han presionado al alza los precios de la comida, lo que ha originado no sólo el regreso a la miseria de millones de personas, que habían logrado mejores condiciones de vida gracias a las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, sino que han acelerado la inflación en muchos países y contribuido a la crisis financiera que hoy afecta al mundo entero.
En el caso colombiano, la situación ha sido dolorosa. Entre 1998 y 2002, murieron en el país cerca de 40.000 personas por desnutrición, una cifra que en términos relativos fue bastante similar a lo que ocurría en África Subsahariana, convirtiendo a Colombia en la séptima nación latinoamericana con más hambrientos.
El dato más reciente sobre el hambre en Colombia lo entregó la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional realizada en 2005, en la que se afirmó que el 40% de los hogares estaban en inseguridad alimentaria.
“Si estos datos agregados son deprimentes, cuando se miran las estadísticas relacionadas con los niños menores de cinco años, entendemos que la crisis colombiana es de una dimensión extraordinariamente grave, ya que el 20% de ellos padecen hambre, lo que implica que la mayoría de estos niños (60%) tengan desnutrición crónica que se refleja en su baja estatura, que otros (32%) tengan desnutrición global que se hace visible en su bajo peso, y que existan aquellos (8%) con baja talla”, dijo Arias Dávila.
El Director de la CARDER, manifestó que para el caso de Risaralda, un reciente estudio de la Universidad Tecnológica de Pereira, demostró que el 33% de la población menor de diez años tiene problemas de desnutrición global. Estos niños viven especialmente en la zona rural, donde los niveles de subdesarrollo y atraso son apenas comparables con los indicadores que se observan en África, tal como lo ha manifestado el propio gobernador del Departamento.
“Frente a un tema tan crítico, la Corporación se ha sumado a esfuerzos relacionados con seguridad alimentaria. Hicimos parte en el gobierno pasado del plan ejecutado por la Gobernación, mientras en este periodo estamos trabajando de la mano con el programa RESA de la Presidencia de la República”, recordó Arias, quien agregó, que este programa se ejecuta en los municipios de Mistrató, Guática, Quinchía y Pueblo Rico y está orientado especialmente a las poblaciones indígenas.
“Aunque tenemos la mejor buena voluntad de trabajar en programas de seguridad alimentaria y de luchar contra el hambre, nuestros recursos son bastante limitados y, por lo tanto, los impactos no son lo suficientemente fuertes para enfrentar con éxito esta crisis de carácter humanitario, que sólo es posible superarla con políticas nacionales que direccionen gran parte de los esfuerzos presupuestales para vencer la miseria, y que el sector privado asuma un papel mucho más protagónico”, puntualizó Alberto Arias Dávila.
viernes, 17 de octubre de 2008
jueves, 9 de octubre de 2008
UN MODELO EXITOSO DE GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL EN LA CARDER
Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
El compromiso institucional[1] de la CARDER ha vivido dos momentos cruciales. El primero, fue la necesidad de enfrentar el ordenamiento, saneamiento ambiental y prevención de desastres en el tramo urbano del río Otún, que de alguna manera fue el acontecimiento que originó su creación institucional y sobre el cual dedicó gran parte de sus esfuerzos en los primeros años, lo que la condujo a convertirse en una entidad líder a nivel nacional en las investigaciones y actuaciones con relación a la prevención y respuesta ante las emergencias ambientales. Con base en este proyecto se reubicaron 1.300 viviendas, se emprendió la construcción de obras de control de inundaciones y erosión. El segundo momento fue el terremoto de enero de 1999, cuando se debió elaborar el plan de acción ambiental para la recuperación del eje cafetero y en el que la Corporación sirvió como organismo coordinador.
En el tema de movimientos sísmicos, la CARDER ya había realizado estudios de riesgo, gracias a un convenio suscrito en 1991 con el Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano, gracias al cual se pudieron comprar e instalar sismógrafos, la mayoría de los cuales aun están en funcionamiento.
En 1995 la Corporación inició investigaciones sobre mitigación del riesgo sísmico en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, lo que permitió determinar los posibles efectos de un terremoto en esos municipios e impulsar la aplicación de medidas relacionadas con la construcción de edificaciones de acuerdo con medidas antisísmicas, lo que se constituyó en un trascendental aporte al ordenamiento urbano. Este conjunto de actividades fue esencial para responder adecuadamente en el momento en que se produjo el terreno en 1999 en la zona cafetera.
En 2002 se entregó la zonificación sísmica en diez cabeceras municipales, que sirve para el desarrollo de programas de mejoramiento de vivienda e indicador para el POT.
De otro lado, se han realizado investigaciones desde 1988 para identificar las viviendas ubicadas en zonas de riesgo, implementando una metodología ya validada y que permite hacer inventarios y elaborar mapas. En 1994 se realizó la primera actualización del estudio para el departamento, mientras que en 1998 se actualizó el inventario exclusivamente para Pereira, donde se identificaron 60 sectores urbanos en riesgos que involucraban 180 hectáreas y afectaban 3.484 viviendas.
En la aplicación de la política de gestión del riesgo se llevaron a cabo evaluaciones de geología ambiental en las cabeceras de todos los municipios, en los cuales se demarcaron los suelos de aptitud para uso urbanístico y conservación ambiental. Las conclusiones sirvieron de base para la elaboración de planes de desarrollo simplificados a los cuales se refiere la Ley 9 de 1989 sobre reforma urbana. Así mismo, se realizó el diseño de obras para el control de erosión en trece municipios con el fin de solucionar problemas de estabilidad de laderas y recuperación de drenajes urbanos en Pereira. En los últimos años se ha evaluado la susceptibilidad a deslizamientos en nueve municipios, resultados que permiten una mejor planificación del desarrollo local.
La Corporación Autónoma Regional del Risaralda emprendió en 2005 un estudio denominado “Precisión y ajuste de los referentes ambientales para la revisión de los planes de ordenamiento ambiental”, los cuales empezaron a aplicarse en 2006. Adicionalmente se cuenta con bases ambientales que permiten saber cuáles son las zonas de riesgo de las áreas urbanas de los distintos municipios del Departamento.
En cuanto a amenaza volcánica se firmó un convenio entre CARDER e Ingeominas para definir las áreas críticas que pudieran resultar afectadas por el volcán Santa Isabel y se mostraron las posibles trayectorias de fluidos y afectaciones a asentamientos humanos en el caso de una explosión.
En cuanto a los incendios forestales se implementó un plan de contingencia cuya primera etapa versó sobre la elaboración de un mapa de amenazas, que resultó de un cruce digital de cartografía que incluyó coberturas y usos del suelo, áreas naturales protegidas y áreas aferentes del acueducto, con lo cual se pudo medir el grado de vulnerabilidad de los distintos sitios.
Hoy la Corporación cuenta con un inventario histórico de desastres que se está homogenizando con un software desarrollado por la Red Latinoamericana de Desastres para facilitar la consulta y el cruce de variables, en el que se puede evaluar la incidencia de la actuación del hombre en estos fenómenos y de los movimientos naturales.
Los costos de los desastres en Pereira
Un estudio realizado entre Universidad Tecnológica, CARDER y Alcaldía de Pereira, con el auspicio de Colciencias,[2] señala que el número de las personas ubicadas en zonas de riesgo de inundación y deslizamientos en Pereira va en aumento, debido al incremento de la pobreza y el crecimiento de la migración por el desplazamiento.
Pereira tiene el 15% de su área con muy alta potencialidad para la ocurrencia de deslizamientos y 48% con amenaza media. Aquellos son los más frecuentes, pero los que producen menores perjuicios económicos. Sin embargo, son los movimientos de tierra los que acumulan cerca del 97 por ciento de los impactos económicos negativos sobre el hábitat de los pobladores.
Un cuadro elaborado por investigadores[3] sobre desastres en Pereira, indican que entre 1960 y 2002 hubo pérdidas económicas por un billón de pesos en las viviendas, por efectos especialmente de los terremotos.
Las acciones públicas ante cifras tan alarmantes se relacionan con la reubicación de las familias y aplicar los mandamientos de los Planes de Ordenamiento Territorial para que sirvan como orientadores del desarrollo físico del municipio. También se han aplicado recursos necesarios para implementar proyectos de comunicación, capacitación, prevención y atención.
La gestión relacionada con el riesgo no se ha supeditado a las actividades institucionales sino que han trascendido hacia un trabajo participativo con los distintos actores de la sociedad, buscando que haya información suficiente, conocimiento social del tema, sensibilidad sobre los acontecimientos y capacidad de reacción y colaboración.
La reducción de riesgos y las estrategias de atención de desastres han requerido un fuerte componente educacional, debido a su transversalidad y sus efectos en el ámbito social, económico y financiero. En este sentido, la CARDER ha trabajado en la vinculación del sistema educativo al tratamiento de este tema, acudiendo a foros, seminarios, talleres y cursos, en los cuales se habla de Gestión de Riesgo, Prevención y Atención de Desastres, Simulacros, Incorporación de Riesgos en los POT, Primeros Auxilios, Análisis de Riesgos Sísmicos, Dinámica de Suelos, Reducción de Riesgo Sísmico en Ciudades, Atención de Emergencias, Cultura de Prevención, Vulnerabilidad e Impacto Ambiental
Las acciones actuales
Actualmente se ejecuta el programa Gestión del Hábitat Sostenible y el proyecto Gestión Integral del Riesgo, cuyo principal componente hace relación al manejo, prevención y control de los factores de riesgo ambiental, cuya esencia es mejorar la calidad de vida de la población. Este tema ha sido vinculado en los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios y es uno de los aspectos que más se discuten en las mesas ambientales municipales.
Producto del trabajo interinstitucional se revisan los planes de atención y prevención de desastres en las distintas localidades. E incluso, se realizaron visitas a zonas de riesgo en Balboa, La Celia, Mistrató, Santuario, Dosquebradas y Marsella.
Se están ejecutando 25 planes comunitarios para la gestión integral del riesgo, cuya primera fase cubre a comunidades de Pereira, La Virginia, Belén de Umbría y Dosquebradas. También se adelantan talleres comunitarios sobre Gestión Local del Riesgo.
Hay apoyo a los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres en el manejo ambiental de emergencias y se monitorean cinco estaciones sísmicas, gracias al convenio con el Observatorio Sismológico del Sur Occidente; y se realiza el estudio sobre balance hídrico de varias cuencas hidrográficas a cargo de la Universidad Nacional de Manizales.
[1] La experiencia CARDER en la gestión del riesgo fue documentada por los profesional de la Corporación, William Vélez, Gustavo Osorio, Jaime Guzmán y Jorge Iván Orozco en el documento S R D, edición 7, septiembre de 2006.
[2] Estudio sobre el impacto que los desastres originados por sismos, inundaciones y deslizamientos han tenido sobre el sector vivienda del área urbana, desde 1960 hasta el 2002.
[3] Estudio sobre “Valoración socioeconómica de los desastres generados por fenómenos hidrológicos, sísmicos y movimientos en masa en el sector vivienda de la zona urbana del Municipio de Pereira a través de su historia”. Pereira. 2005.
El compromiso institucional[1] de la CARDER ha vivido dos momentos cruciales. El primero, fue la necesidad de enfrentar el ordenamiento, saneamiento ambiental y prevención de desastres en el tramo urbano del río Otún, que de alguna manera fue el acontecimiento que originó su creación institucional y sobre el cual dedicó gran parte de sus esfuerzos en los primeros años, lo que la condujo a convertirse en una entidad líder a nivel nacional en las investigaciones y actuaciones con relación a la prevención y respuesta ante las emergencias ambientales. Con base en este proyecto se reubicaron 1.300 viviendas, se emprendió la construcción de obras de control de inundaciones y erosión. El segundo momento fue el terremoto de enero de 1999, cuando se debió elaborar el plan de acción ambiental para la recuperación del eje cafetero y en el que la Corporación sirvió como organismo coordinador.
En el tema de movimientos sísmicos, la CARDER ya había realizado estudios de riesgo, gracias a un convenio suscrito en 1991 con el Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano, gracias al cual se pudieron comprar e instalar sismógrafos, la mayoría de los cuales aun están en funcionamiento.
En 1995 la Corporación inició investigaciones sobre mitigación del riesgo sísmico en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, lo que permitió determinar los posibles efectos de un terremoto en esos municipios e impulsar la aplicación de medidas relacionadas con la construcción de edificaciones de acuerdo con medidas antisísmicas, lo que se constituyó en un trascendental aporte al ordenamiento urbano. Este conjunto de actividades fue esencial para responder adecuadamente en el momento en que se produjo el terreno en 1999 en la zona cafetera.
En 2002 se entregó la zonificación sísmica en diez cabeceras municipales, que sirve para el desarrollo de programas de mejoramiento de vivienda e indicador para el POT.
De otro lado, se han realizado investigaciones desde 1988 para identificar las viviendas ubicadas en zonas de riesgo, implementando una metodología ya validada y que permite hacer inventarios y elaborar mapas. En 1994 se realizó la primera actualización del estudio para el departamento, mientras que en 1998 se actualizó el inventario exclusivamente para Pereira, donde se identificaron 60 sectores urbanos en riesgos que involucraban 180 hectáreas y afectaban 3.484 viviendas.
En la aplicación de la política de gestión del riesgo se llevaron a cabo evaluaciones de geología ambiental en las cabeceras de todos los municipios, en los cuales se demarcaron los suelos de aptitud para uso urbanístico y conservación ambiental. Las conclusiones sirvieron de base para la elaboración de planes de desarrollo simplificados a los cuales se refiere la Ley 9 de 1989 sobre reforma urbana. Así mismo, se realizó el diseño de obras para el control de erosión en trece municipios con el fin de solucionar problemas de estabilidad de laderas y recuperación de drenajes urbanos en Pereira. En los últimos años se ha evaluado la susceptibilidad a deslizamientos en nueve municipios, resultados que permiten una mejor planificación del desarrollo local.
La Corporación Autónoma Regional del Risaralda emprendió en 2005 un estudio denominado “Precisión y ajuste de los referentes ambientales para la revisión de los planes de ordenamiento ambiental”, los cuales empezaron a aplicarse en 2006. Adicionalmente se cuenta con bases ambientales que permiten saber cuáles son las zonas de riesgo de las áreas urbanas de los distintos municipios del Departamento.
En cuanto a amenaza volcánica se firmó un convenio entre CARDER e Ingeominas para definir las áreas críticas que pudieran resultar afectadas por el volcán Santa Isabel y se mostraron las posibles trayectorias de fluidos y afectaciones a asentamientos humanos en el caso de una explosión.
En cuanto a los incendios forestales se implementó un plan de contingencia cuya primera etapa versó sobre la elaboración de un mapa de amenazas, que resultó de un cruce digital de cartografía que incluyó coberturas y usos del suelo, áreas naturales protegidas y áreas aferentes del acueducto, con lo cual se pudo medir el grado de vulnerabilidad de los distintos sitios.
Hoy la Corporación cuenta con un inventario histórico de desastres que se está homogenizando con un software desarrollado por la Red Latinoamericana de Desastres para facilitar la consulta y el cruce de variables, en el que se puede evaluar la incidencia de la actuación del hombre en estos fenómenos y de los movimientos naturales.
Los costos de los desastres en Pereira
Un estudio realizado entre Universidad Tecnológica, CARDER y Alcaldía de Pereira, con el auspicio de Colciencias,[2] señala que el número de las personas ubicadas en zonas de riesgo de inundación y deslizamientos en Pereira va en aumento, debido al incremento de la pobreza y el crecimiento de la migración por el desplazamiento.
Pereira tiene el 15% de su área con muy alta potencialidad para la ocurrencia de deslizamientos y 48% con amenaza media. Aquellos son los más frecuentes, pero los que producen menores perjuicios económicos. Sin embargo, son los movimientos de tierra los que acumulan cerca del 97 por ciento de los impactos económicos negativos sobre el hábitat de los pobladores.
Un cuadro elaborado por investigadores[3] sobre desastres en Pereira, indican que entre 1960 y 2002 hubo pérdidas económicas por un billón de pesos en las viviendas, por efectos especialmente de los terremotos.
Las acciones públicas ante cifras tan alarmantes se relacionan con la reubicación de las familias y aplicar los mandamientos de los Planes de Ordenamiento Territorial para que sirvan como orientadores del desarrollo físico del municipio. También se han aplicado recursos necesarios para implementar proyectos de comunicación, capacitación, prevención y atención.
La gestión relacionada con el riesgo no se ha supeditado a las actividades institucionales sino que han trascendido hacia un trabajo participativo con los distintos actores de la sociedad, buscando que haya información suficiente, conocimiento social del tema, sensibilidad sobre los acontecimientos y capacidad de reacción y colaboración.
La reducción de riesgos y las estrategias de atención de desastres han requerido un fuerte componente educacional, debido a su transversalidad y sus efectos en el ámbito social, económico y financiero. En este sentido, la CARDER ha trabajado en la vinculación del sistema educativo al tratamiento de este tema, acudiendo a foros, seminarios, talleres y cursos, en los cuales se habla de Gestión de Riesgo, Prevención y Atención de Desastres, Simulacros, Incorporación de Riesgos en los POT, Primeros Auxilios, Análisis de Riesgos Sísmicos, Dinámica de Suelos, Reducción de Riesgo Sísmico en Ciudades, Atención de Emergencias, Cultura de Prevención, Vulnerabilidad e Impacto Ambiental
Las acciones actuales
Actualmente se ejecuta el programa Gestión del Hábitat Sostenible y el proyecto Gestión Integral del Riesgo, cuyo principal componente hace relación al manejo, prevención y control de los factores de riesgo ambiental, cuya esencia es mejorar la calidad de vida de la población. Este tema ha sido vinculado en los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios y es uno de los aspectos que más se discuten en las mesas ambientales municipales.
Producto del trabajo interinstitucional se revisan los planes de atención y prevención de desastres en las distintas localidades. E incluso, se realizaron visitas a zonas de riesgo en Balboa, La Celia, Mistrató, Santuario, Dosquebradas y Marsella.
Se están ejecutando 25 planes comunitarios para la gestión integral del riesgo, cuya primera fase cubre a comunidades de Pereira, La Virginia, Belén de Umbría y Dosquebradas. También se adelantan talleres comunitarios sobre Gestión Local del Riesgo.
Hay apoyo a los comités locales y regionales de prevención y atención de desastres en el manejo ambiental de emergencias y se monitorean cinco estaciones sísmicas, gracias al convenio con el Observatorio Sismológico del Sur Occidente; y se realiza el estudio sobre balance hídrico de varias cuencas hidrográficas a cargo de la Universidad Nacional de Manizales.
[1] La experiencia CARDER en la gestión del riesgo fue documentada por los profesional de la Corporación, William Vélez, Gustavo Osorio, Jaime Guzmán y Jorge Iván Orozco en el documento S R D, edición 7, septiembre de 2006.
[2] Estudio sobre el impacto que los desastres originados por sismos, inundaciones y deslizamientos han tenido sobre el sector vivienda del área urbana, desde 1960 hasta el 2002.
[3] Estudio sobre “Valoración socioeconómica de los desastres generados por fenómenos hidrológicos, sísmicos y movimientos en masa en el sector vivienda de la zona urbana del Municipio de Pereira a través de su historia”. Pereira. 2005.
sábado, 4 de octubre de 2008
Colombia tiene cinco millones de personas que viven en asentamientos precarios
Declaración del Director de la CARDER Alberto Arias Dávila
El 6 de octubre, Día Mundial del Hábitat
El acelerado crecimiento de las ciudades ha consolidado un modelo de desarrollo urbanístico ilegal e inadecuado que afecta la calidad de vida de las personas, dijo el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, Alberto Arias Dávila, a propósito de la celebración el lunes 6 de octubre del Día Mundial del Hábitat.
Recordó que en el mundo hay 1.000 millones de personas que viven en asentamientos precarios y que por lo menos 100 millones tienen que dormir en calles, parques, bajo los puentes y en las alcantarillas.
“Es una realidad inmoral que debería avergonzarnos como especie y que pone en serias dudas nuestra viabilidad como sociedad”, manifestó Arias Dávila, quien agregó que “es incomprensible que mientras Estados Unidos destina 700.000 millones de dólares para rescatar de la quiebra a los banqueros y grandes inversionistas de Wall Street, no destine tan siquiera una décima parte de ese dinero para ayudar a librar de la miseria a tantos seres humanos que habitan en las más indignas condiciones y sufren de las más penosas enfermedades”
Dijo que la situación de hábitat en Colombia también es calamitosa, pues las estadísticas oficiales muestran que 5,2 millones de personas viven en asentamientos precarios y por lo menos 300.000 personas no tienen hogar y duermen a la interperie.
“No tenemos que mirar hacia el barrio de Kibera en Nairobi, o hacia algunas de las 21 Villas Miseria en Buenos Aires, o hacia la favela Rocinha en Río de Janeiro. Simplemente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y veremos realidades igual de espantosas en Ciudad Bolívar en Bogotá, o en la Comuna 13 de Medellín, o en Altos de Cazucá en Soacha o en El Dorado en Pereira”, señaló Alberto Arias.
El Director de la CARDER, afirmó que “la miseria es de una gravedad tan profunda, que Naciones Unidas considera que el gran propósito de los países del mundo en el siglo XXI debe ser erradicarla de la faz de la tierra y con ella borrar el hambre de nuestra realidad”, haciendo alusión a los postulados contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Arias recordó que a pesar de existir un acuerdo mundial de lucha contra la pobreza, las naciones desarrolladas han disminuido sus presupuestos de cooperación y de asistencia técnica, tal como lo denunció el Secretario General de la ONU, y cree que la situación futura, debido a la crisis de alimentos y a la bancarrota económica, hará que el número de pobres siga creciendo drásticamente, tal como lo ha señalado el último estudio sobre el hambre publicado por la FAO.
Hizo un llamado al gobierno de Risaralda y a la Alcaldías a fortalecer sus programas de inversión social, a retomar la autoridad urbanística, a proveer de servicios públicos y servicios sociales esenciales a las comunidades más pobres, y a brindarles asistencia humanitaria a quienes lo necesitan con urgencia.
Recordó, finalmente, que son los más pobres quienes sufren los estragos producidos por los fenómenos naturales, dado que viven en los sitios que representan mayores riesgos de deslizamiento, inundación o movimientos sísmicos, y por ello se deben extremar las medidas por parte de las autoridades gubernamentales para erradicar los asentamientos críticos y reubicar viviendas en zonas donde las familias estén seguras y donde sea posible brindarles los servicios básicos para una vida digna.
El 6 de octubre, Día Mundial del Hábitat
El acelerado crecimiento de las ciudades ha consolidado un modelo de desarrollo urbanístico ilegal e inadecuado que afecta la calidad de vida de las personas, dijo el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, Alberto Arias Dávila, a propósito de la celebración el lunes 6 de octubre del Día Mundial del Hábitat.
Recordó que en el mundo hay 1.000 millones de personas que viven en asentamientos precarios y que por lo menos 100 millones tienen que dormir en calles, parques, bajo los puentes y en las alcantarillas.
“Es una realidad inmoral que debería avergonzarnos como especie y que pone en serias dudas nuestra viabilidad como sociedad”, manifestó Arias Dávila, quien agregó que “es incomprensible que mientras Estados Unidos destina 700.000 millones de dólares para rescatar de la quiebra a los banqueros y grandes inversionistas de Wall Street, no destine tan siquiera una décima parte de ese dinero para ayudar a librar de la miseria a tantos seres humanos que habitan en las más indignas condiciones y sufren de las más penosas enfermedades”
Dijo que la situación de hábitat en Colombia también es calamitosa, pues las estadísticas oficiales muestran que 5,2 millones de personas viven en asentamientos precarios y por lo menos 300.000 personas no tienen hogar y duermen a la interperie.
“No tenemos que mirar hacia el barrio de Kibera en Nairobi, o hacia algunas de las 21 Villas Miseria en Buenos Aires, o hacia la favela Rocinha en Río de Janeiro. Simplemente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y veremos realidades igual de espantosas en Ciudad Bolívar en Bogotá, o en la Comuna 13 de Medellín, o en Altos de Cazucá en Soacha o en El Dorado en Pereira”, señaló Alberto Arias.
El Director de la CARDER, afirmó que “la miseria es de una gravedad tan profunda, que Naciones Unidas considera que el gran propósito de los países del mundo en el siglo XXI debe ser erradicarla de la faz de la tierra y con ella borrar el hambre de nuestra realidad”, haciendo alusión a los postulados contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Arias recordó que a pesar de existir un acuerdo mundial de lucha contra la pobreza, las naciones desarrolladas han disminuido sus presupuestos de cooperación y de asistencia técnica, tal como lo denunció el Secretario General de la ONU, y cree que la situación futura, debido a la crisis de alimentos y a la bancarrota económica, hará que el número de pobres siga creciendo drásticamente, tal como lo ha señalado el último estudio sobre el hambre publicado por la FAO.
Hizo un llamado al gobierno de Risaralda y a la Alcaldías a fortalecer sus programas de inversión social, a retomar la autoridad urbanística, a proveer de servicios públicos y servicios sociales esenciales a las comunidades más pobres, y a brindarles asistencia humanitaria a quienes lo necesitan con urgencia.
Recordó, finalmente, que son los más pobres quienes sufren los estragos producidos por los fenómenos naturales, dado que viven en los sitios que representan mayores riesgos de deslizamiento, inundación o movimientos sísmicos, y por ello se deben extremar las medidas por parte de las autoridades gubernamentales para erradicar los asentamientos críticos y reubicar viviendas en zonas donde las familias estén seguras y donde sea posible brindarles los servicios básicos para una vida digna.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)