El director general de la CARDER, Juan Manuel Álvarez Villegas, asegura que se ha logrado compatibilizar en el marco de la estrategia sobre áreas protegidas, dos elementos que suelen presentarse como opuestos: la protección del medio ambiente y el desarrollo económico.
“El equilibrio económico y ambiental implica que las personas asuman un mayor compromiso con la administración y el manejo de los bienes naturales”, dijo Álvarez, quien agregó que “la política institucional apunta a facilitar la convivencia de las comunidades en una relación amigable con el entorno ambiental, de manera que las áreas protegidas estén al alcance de la sociedad. Los resultados obtenidos de este experimento han sido satisfactorios”.
El 36% del territorio risaraldense está definido como área protegida, lo cual quiere decir que 145.000 hectáreas están convertidas en parques nacionales, regionales, municipales y en áreas de manejo especial.
La Corporación Autónoma Regional del Risaralda promovió por primera vez en el país la creación del sistema municipal de áreas protegidas, lo cual permitió poner en funcionamiento del sistema departamental y. posteriormente, el sistema regional, este último en el marco de la Ecorregión del Eje Cafetero.
El Sistema de Área Naturales Protegidas que se ha venido consolidando en el departamento, constituye una garantía para la sustentabilidad de los ecosistemas y, por lo tanto, para la preservación de la diversidad biológica. Pero además, la utilización racional de estos activos ambientales que posee Risaralda, permiten promover la generación de ingresos a través del ecoturismo y la investigación científica.
Lo que ha ocurrido en Risaralda con las áreas protegidas es un ejemplo para Colombia, y envía un mensaje sobre el interés que embarga a los ciudadanos risaraldenses y a sus autoridades de promover el desarrollo en consonancia con lo ambiental.
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